Sancocho de Déficit y Odio

Ayer me intentaron atracar en Piantini. Me persiguió un motorista hasta la casa de un familiar, y me salvé por un pelo. Al publicarlo, me enteré de que en la última semana ha habido 3 casos conocidos por ahí. Pero este sector no tiene destacamento, y las patrullas circulan muy de vez en cuando, especialmente cuando hay que buscar el moro. No creo que a la policía le importe, y si le importa tiene pocos recursos materiales y humanos para hacer frente a esto.

Pensaba escribir extensamente sobre el tema, porque todos conocemos a alguien que ha pasado por una situación similar, pero yo lo viví ayer en carne propia y si antes andaba atenta y temerosa de los motoristas, ahora me encuentro en modo parálisis. En este país la vida diaria es cuesta arriba, el ciudadano está totalmente desprotegido, y en especial las mujeres. Mi Estado no me protege, de hecho le importa tan poco lo que me sucedió, que aún habiendo escrito a la policía y su vocero por Twitter, ambas cuentas han respondido a otras cuestiones, ignorándome. Pues una rubia casi atracada en Piantini probablemente se lo buscó, por andar en una zona de clase media y sola. Pienso ir a poner la denuncia, aunque mis familiares me han prevenido de que es una pérdida de tiempo. Pero la pondré porque es lo correcto.

Pero lo que subyace detrás de esta criminalidad es la agobiante situación económica de nuestro país. A raíz de lo que me sucedió, un amigo publicó una nota analizando las estadísticas de criminalidad con relación a las reformas fiscales impuestas a este pueblo, sin misericordia, una detrás de la siguiente. Reformas que resultan doblemente insultantes cuando son implementadas para cubrir un hoyo causado por el despilfarro del partido en el gobierno para cubrir sus enormes gastos de campaña. Vamos, que no bailamos en esa fiesta, pero la pagamos nosotros.

Este pueblo no puede más. Como bien mencionaba mi amigo en su nota, el sueldo mínimo no se aumenta desde 2001, sin embargo la canasta familiar incrementó solamente de 2012 a 2013 en un 30% (según los datos más conservadores). Cómo puede nuestro gobierno pretender que con estas simples cifras se pueda sostener la vida en sociedad? Y de verdad cree el presidente que tirando los militares a las calles se puede resolver la delincuencia? Se cree Danilo Medina que la absurda presencia de los militares en el patrullaje pondrá pan en la mesa de los pobres, o les caerá como maná del cielo un empleo digno que les permita vivir sin recurrir al pillaje? Mejorará la presencia de los militares el acceso a los servicios básicos de salud?

Como siempre, nuestros gobernantes se la pasan poniendo parchos y buscando chivos expiatorios. Estamos en una situación económica crítica. Y el gobierno sabe bien que esta olla a presión no se puede sostener en el tiempo. En enero vienen las medidas de la reforma fiscal pospuestas por Danilo cuando la gente el año pasado se levantó a protestar. Y el presidente está consciente que esa gente está dormida, pero despertará cuando le vuelvan a clavar un déficit que quien lo debe pagar es el PLD. Y que cuando la vida se encarezca más, la delincuencia se triplicará. El presidente y el partido en el gobierno saben lo que les va a caer encima.

Y por eso necesitan el “nacionalismo”.

Nada distrae más a un pueblo vapuleado por sus gobernantes que apelar a sus instintos más primarios. Ya decía Américo Lugo en una carta dirigida a Trujillo, escrita en 1936, que tenía la creencia, cada vez más arraigada, de que el pueblo dominicano no constituye nación. Se infiere de su carta que atribuye esto a los efectos de la ocupación norteamericana de 1916 sobre la población. Consideraba que era necesario un historiador de la talla de Tucídides para evocar los sucesos patrióticos de la época de la Anexión, a los fines de “vigorizar la debilitada cepa del presente”. Y ciertamente, yo concuerdo con este insigne historiador, en el sentido de que nuestro país vivió tiempos en los que unos valores y un amor a la patria y a los dominicanos lo unían. Pero luego que ocupaciones, dictaduras, autoritarismo y presidencialismo caudillista se sucedieron, ese nacionalismo de Luperón y Sánchez se ha desvirtuado para ser utilizado en pro de los más viles fines.

Claro ejemplo es el comunicado del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien en nombre del tribunal defendió la sentencia 168-13, que despoja de la nacionalidad dominicana a más de 200 mil personas amparadas por el ius solis, llegando incluso a citar una frase de Juan Pablo Duarte: “Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas: destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera”.

Esto llevó a la magistrada Katia Miguelina Jiménez a desvincularse de un comunicado que dijo no conocía, y tampoco compartía. Y a propósito expresó: “El Patricio ni deliberó ni votó para dar esa sentencia”.

Y es que ciertamente tenemos una historia turbulenta con nuestro vecino. Nos independizamos de ellos, y por lo tanto es normal que persistan ciertas cicatrices históricas que nos dan en nuestro orgullo. Nos independizamos del país que hoy es el más pobre de nuestro hemisferio. Y para colmo, compartimos isla con él.

Gran responsabilidad tiene la historia que se imparte en las aulas, de exaltar las gestas patrióticas sin incitar al odio. Y bien sabemos todos que los libros de texto con los que aprendimos historia dominicana tienen un sesgo de xenofobia y antihaitianismo que permea las mentes influenciables de los párvulos. Es una irresponsabilidad del Ministerio de Educación mantener una línea de enseñanza trujillista, que instruye a nuestros hijos a odiar, en lugar de educar en tolerancia y celebrar las virtudes de nuestros héroes patrios, para que el aprendizaje sea de mantener nuestra soberanía en un marco de cooperación y cordialidad con un país que siempre estará geográficamente pegado a nosotros.

Pero esa responsabilidad la tienen también las altas instancias gubernamentales, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, que no ha recibido de Juan Pablo Duarte ningún endoso para utilizar su nombre y sus frases en sustento de sus sentencias. Aunque internamente el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, debe recordar que existen sentencias injustas, que la ley es mutable, y que su rol es el control de la constitucionalidad, y no la supuesta interpretación de la voluntad del pueblo, ni mucho menos de la aplicación en 2013 y a rajatabla, de unos enunciados del siglo XIX fruto de una realidad muy distinta a la actual.

Ciertamente que tuvimos próceres admirables, y ojalá hoy en día surgieran personas con esa calidad moral y humana. Pero muchos de los postulados de la Trinitaria y muchas de las frases pronunciadas por nuestros patriotas se hicieron en ese contexto y no en el actual. Dudo seriamente que siendo nosotros como lo somos hoy una nación libre, se pronunciara Juan Pablo Duarte en los términos que lo hizo respecto de la nación haitiana.

Ayer se celebró una actividad en el parque Independencia, en “defensa de la nacionalidad”. En la misma se acusó de traidores a quienes no apoyan la sentencia del TC, mientras se gritaba “muerte a los traidores”. Eso no es patriotismo. Eso es odio en su estado puro, es xenofobia, es intolerancia, y peor aún es incitación a la violencia. El derrotero que están tomando estos falsos nacionalistas es peligroso. La dominicanidad no debería basarse en el odio a los haitianos, sino en valores que nos unen como pueblo y que nos hacen únicos. Si nuestra identidad no tuviera fisuras y deficiencias este odio no fuera posible, pues al estar seguros de quiénes somos sabríamos que la controlable pero inevitable migración no afectaría nuestros rasgos constitutivos.

Pero saben muy bien los promotores de este falso nacionalismo que el miedo y el odio son rentables, pero que, mejor aún, nos dividen y nos distraen del verdadero problema, que es el déficit, generador de delincuencia, inequidad, desempleo y violencia. Juegan bien sus cartas, y la masa se deja embaucar. Una vez más.

Lo que no dicen, cuando defienden una dominicanidad definida por el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, en violación de las reglas de competencia y de las reglas que rigen el recurso de amparo, es que aquí pocos pueden demostrar su linaje cuatro generaciones para atrás. Más aún, omiten mencionar los orígenes de algunos patricios que se verían hoy en día en un serio apuro si tuvieran que demostrar su pertenencia a esa raza dominicana que el TC dice que existe. No mencionan ni por asomo que el padre de Juan Pablo Duarte era español, y su madre hija de padre español; ni que el apellido de nuestro gran Gregorio Luperón era originalmente Duperón, de origen haitiano; ni que la madre de Francisco Del Rosario Sánchez figura como “parda libre”, lo que denota su ascendencia africana; ni que el padre de Juan Sánchez Ramírez era español; ni que Concepción Bona era de origen napolitano y canario; ni que Santiago Rodríguez nació en Cabo Haitiano, de madre haitiana.

No lo dicen porque entonces quedaría demostrado que el patriotismo poco tiene que ver con el origen de las personas, y mucho con los valores y el amor al suelo donde nacemos o vivimos. Porque quedaría evidenciado ese supuesto patriotismo que profesan en toda su falsedad e hipocresía, y porque saben que ellos como personas nunca estarán adornados por las virtudes que exhibieron nuestros próceres, que procediendo de orígenes diversos se unieron por la causa que era justa.

Ellos no pueden decir lo mismo.

Ius “Asigún”

Las pasadas semanas decidí tomarme unas vacaciones mentales y espirituales de la agobiante y putrefacta cotidianidad política dominicana. Esta decisión la tomé con firmeza, y la llevé a cabo con bastante éxito, a sabiendas de que era inevitable que pasara “algo” que pusiera seriamente en riesgo mi propósito de desconexión y paz mental. Porque, no todos lo comprenderán, pero por más que intento abstraerme, hay situaciones que desbordan mi capacidad de ser superficial y me dan “por el pelao”. Y claro, como era de esperarse, el Tribunal Constitucional decidió ser quien me sacara de mis casillas y me tentara a desenfocarme y tirar por la borda mi especie de retiro espiritual.

Muchos de ustedes no lo saben, pero mi área de especialización son los Derechos Fundamentales. Ello me hace ciertamente vulnerable a perder los estribos cuando grupos desprotegidos son pisoteados. Y de hecho tuve que emplearme a fondo para controlar mis impulsos primarios y no reaccionar formalmente hasta hoy, día en que digo adiós a mi efímera vida en una burbuja.

Difícil es determinar por dónde comenzar. Por dónde agarrar una sentencia bananera al extremo, digna de burla en los foros internacionales si no fuera por el inmensurable drama humano que crea.

Pudiera comenzar a citar artículos de la Constitución y de la legislación vigente, tratados internacionales de los que somos signatarios, sentencias condenatorias de tribunales internacionales (y quizás lo haga), pero esta vez comenzaré por el argumento más simplista que me vino a la cabeza: Qué se ha creído este país de negros, para discriminar negros? Es que nuestro modelo a seguir es Ruanda y yo no recibí el memo?

Como abogada que soy, creo firmemente en el imperio de la ley y en la seguridad jurídica. Yo no defiendo en absoluto otorgar la nacionalidad antojadizamente a todos los haitianos que crucen la frontera. Pero esto es precisamente lo que los “ultra-nacionalistas” quieren hacer creer: que todos los que nos oponemos a la sentencia del Tribunal Constitucional somos un grupo de pro-haitianos, que estamos pagados por el gobierno americano o por Francia, para lograr finalmente la unificación de la isla. Siempre con las teorías conspirativas que buscan sustentar la violación más aberrante del ordenamiento jurídico dominicano.

Pero la conspiración más grande es precisamente la de privar de la nacionalidad dominicana retroactivamente a personas que tienen derecho a ella. No hablo de inmigrantes ilegales. Hablo de personas que nacieron en territorio dominicano y que no pueden pagar por la situación de ilegalidad de sus padres; y no pueden pagar por ello porque lo diga yo, sino por razones que van más allá de la moralidad y de la compasión, por razones constitucionales, y supra constitucionales. Es que la República Dominicana ciertamente es soberana, y ello conlleva la facultad para determinar a través de la Carta Magna los medios para adquirir la nacionalidad. Pero esa misma Carta Magna establece, y esto no es nada nuevo, el principio de irretroactividad de la ley: uno de los pilares de la seguridad jurídica. Resulta que ni el mismo Estado dominicano se respeta a sí mismo, ni mucho menos es capaz ni tiene la intención de proteger a sus nacionales.

Pero aparte de la Constitución, sí recordaré aquí nuestra adhesión voluntaria como nación tanto a la ONU como a la OEA, y nuestra aceptación explícita de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie vino con tanques y misiles a obligarnos a ello, para que ahora pretendamos patalear cuando violamos sistemáticamente una serie de convenciones que conforman parte de nuestro bloque constitucional y que como consenso de la Comunidad Internacional garantizan no sólo el equilibrio entre las relaciones globales, sino, y más importante, los derechos de todas las personas que habitan este mundo.

Cuando de hijos de haitianos se trata, vale poco lo que nuestros propios constituyentes hayan normado; valen incluso menos los compromisos contenidos en tratados tan universales como la Convención de los Derechos Humanos. Ante el tema haitiano República Dominicana está por encima de cualquier compromiso jurídico asumido; este pseudo paisito de repente se erige en un imberbe malcriado que cree ser y saber más, y que las reglas de juego establecidas, incluso por él mismo, no le aplican.

Yo reitero que no abogo por la nacionalización indiscriminada de inmigrantes ilegales. Pero tengo muy claro, y entiendo que cualquier persona sensata y con algo de corazón (y si no tiene corazón pues que recurra a la lógica simple de acatar el ordenamiento jurídico), estará de acuerdo que toda persona nacida en un país, y que nunca en su vida ha conocido otro país distinto, debe tener derecho, ya sea de nacimiento o mediante un proceso de naturalización efectivo, de disfrutar de la nacionalidad de esa única patria que conoce.

Y en ese mismo orden, recordando que también somos signatarios del Convenio para el Estatuto de los Apátridas, que busca disminuir los casos de apatridia en el mundo, a mí me parece que para ser xenófobos se nos da muy bien eso de aplicar la Constitución haitiana. Siempre aparece el argumento de que esos niños tienen derecho a la nacionalidad haitiana, por lo tanto la República Dominicana no está violando dicha Convención. Pero es que resulta, panel de racistas, que nosotros la única Constitución que tenemos que aplicar es la nuestra, y ninguna otra. Para el odio exacerbado que profesan ustedes hacia Haití, muestran un gran respeto a su Constitución, casi a nivel de veneración, buscando su aplicación en todo el territorio dominicano. Eso sí me lo encuentro yo peligroso.

Luego, no olvidemos que la “sentencia” del Tribunal Constitucional (cuya única parte digna de lectura la componen los votos disidentes de mi profesora Katia Miguelina Jiménez y de la magistrada Ana Isabel Bonilla… y aquí aprovecho para expresar la congoja que me produjo que mi profesor Hermógenes Acosta, a quien aprecio y respeto enormemente, no hubiera hecho lo propio, siendo como es un acérrimo defensor de los procedimientos y del imperio de la ley), ésta sentencia nos deja a todos a merced de los caprichos de un Estado que no dudará en desampararnos cuando le venga en gana.

Ciertamente, lo que queda más que evidente es que los ciudadanos que componemos este intento de país no vemos en él garantías de ningún tipo. Siendo como somos un país de inmigrantes, con un alto porcentaje de la población que no podría demostrar su “puro linaje” dominicano anterior a 1929, el Estado con esta decisión nos reitera que para él somos simples mercancías de las que se puede prescindir “asigún”: eres dominicano cuando al Estado le conviene que lo seas; y te garantiza medianamente unos pocos derechos cuando representas para él alguna ventaja (electoral o fiscal, por ejemplo). Pero cuando tu Estado no te necesite, no dudará en prescindir de ti, saltándose su propio ordenamiento jurídico, que al fin y al cabo es sólo papel. Y si no lo ves es porque no quieres.

Muchos están tranquilitos en sus casa porque son “blanquitos”, o con apellidos “europeos”, y porque todos sabemos muy bien que ésta absurda auditoría ordenada por el Tribunal Constitucional no es para depurarnos a nosotros, sino sólo a las personas de tez oscura. Yo no puedo evitar sentir escalofríos, porque dicha auditoría parece sacada de la Alemania nazi. Precisamente, la parte más asquerosa del esperpento del Tribunal Constitucional es aquella en la que, excediéndose en sus funciones, viene peligrosamente a sentar el precedente de erigirse en constituyente y definir los elementos que determinan la nacionalidad dominicana, diciendo que la misma está compuesta de unos rasgos “raciales” específicos. Rasgos que yo desconozco, porque los dominicanos venimos en todos los colores, tamaños y formas. Este concepto de una supuesta “identidad racial” que nos define como dominicanos no es más que fascismo versión siglo XXI.

Y yo no tengo interés alguno en pertenecer a un Estado fascista. Aunque en principio entiendo que puedo demostrar mi “linaje”, no me apetece; el mero hecho de tener que demostrarle a un Estado que no te da nada, que eres “digno” de pertenecer a él me revuelve el estómago. Cuando debería ser ese Estado, que vive a costillas de nosotros, el que besara el suelo que pisamos todos los dominicanos que lo sostenemos. Ese Estado no es merecedor de toda la gente hermosa, alegre y excepcional que a pesar de las adversidades que él mismo le planta día tras día, encara su realidad con una sonrisa.